Noticia exclusiva para socios.
Intensificación del riesgo legal en entornos de crisis empresarial. Nota de prensa de Audidat (Asociado Corporativo CUMPLEN)
La gestión del cumplimiento normativo (compliance) afronta desafíos inéditos en periodos de inestabilidad económica y reestructuraciones corporativas, incrementando la exposición de las empresas a sanciones.
La convergencia de presiones financieras, la urgencia por optimizar costes y la necesidad de mantener la operatividad introduce fricciones críticas en los sistemas de cumplimiento. En un entorno donde las organizaciones se ven forzadas a tomar decisiones rápidas y a menudo dolorosas (como despidos, ajustes presupuestarios o búsqueda de financiación extraordinaria), el riesgo de ignorar, minorar o relajar los controles de compliance se dispara. Esta situación afecta transversalmente a todos los sectores, pero impacta de forma más aguda a aquellos con alta regulación o dependientes de la cadena de suministro internacional. La priorización deficiente de recursos y la presión sobre la ética son, según fuentes del sector, los principales catalizadores de los riesgos jurídicos en tiempos de crisis. La Unión Europea y las autoridades nacionales han intensificado el foco en la gobernanza corporativa, manteniendo las exigencias pese a las dificultades operativas.
El impacto de la directiva whistleblowing y el marco penal
La normativa europea ha establecido un marco de exigencia que no se relaja ante las coyunturas económicas adversas. La Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (conocida como Directiva Whistleblowing o de alertadores), obliga a las empresas a implementar canales internos de denuncia seguros e independientes. En España, esta obligación se consolidó con la Ley 2/2023, de 20 de febrero.
En periodos de crisis, el número de alertas internas suele aumentar, impulsado por el descontento, la preocupación por la estabilidad laboral o la detección de prácticas irregulares motivadas por la presión económica. La correcta gestión de estos canales se convierte en un desafío de primer orden. Si la empresa no dispone de procedimientos robustos, imparciales y confidenciales, puede incurrir en incumplimiento de la Ley 2/2023 y, simultáneamente, exponerse a riesgos reputacionales y legales derivados de la mala gestión de la información sensible.
Además, el marco penal español, particularmente tras las reformas del Código Penal (art. 31 bis), mantiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una crisis puede motivar la relajación de los controles financieros o la introducción de atajos en procesos críticos (contratación, fiscalidad, blanqueo de capitales), elevando la probabilidad de que se cometan delitos en nombre o por cuenta de la sociedad. Expertos en cumplimiento normativo coinciden en que una disminución en la inversión en formación y en la monitorización continua de riesgos durante una crisis es interpretada por los tribunales como una deficiencia grave del sistema de compliance que podría no eximir de responsabilidad penal.
Los cinco desafíos críticos del compliance en tiempos de crisis
La supervivencia empresarial exige flexibilidad, pero el compliance requiere disciplina. Los siguientes son los cinco retos estructurales que amenazan la continuidad del cumplimiento normativo en entornos de alta presión económica:
1. Priorización de costes frente a controles (efecto tijera)
La primera reacción ante una crisis de liquidez es el recorte de gastos no esenciales. Frecuentemente, el área de compliance (formación, auditorías externas, software de gestión de riesgos) se ve afectada. El desafío reside en demostrar que el compliance no es un coste, sino una inversión en protección jurídica y reputacional. El recorte en controles clave (ej. Due Diligence de terceros, revisión de contratos, análisis de blanqueo) crea vulnerabilidades que un posible incidente legal podría multiplicar en un coste mucho mayor que el ahorro presupuestario.
2. Fragilidad de la Cadena de Suministro y Compliance de Terceros
Las crisis alteran significativamente la solidez y la ética de los socios comerciales. Cuando la presión financiera afecta a proveedores y subcontratistas, estos pueden recurrir a prácticas ilícitas (ej. explotación laboral, fraude fiscal, incumplimiento ambiental) para sobrevivir. El desafío para la empresa principal es mantener la vigilancia rigurosa sobre toda su cadena de valor (Third-Party Risk Management). El debido control sobre terceros, especialmente en áreas de riesgo como Anti-Bribery & Corruption (ABC), es legalmente exigible y se complica cuando las empresas proveedoras también están en dificultades.
3. Erosión de la Cultura Ética y el Tono de la Dirección
En momentos de crisis, la presión sobre el personal para alcanzar objetivos de ingresos puede comprometer la ética. Si la alta dirección (el Tone at the Top) transmite, consciente o inconscientemente, que los resultados priman sobre el cumplimiento, la cultura del compliance se erosiona. El desafío es reforzar la comunicación ética de forma continua, demostrando que la integridad es el valor no negociable, incluso bajo la peor de las presiones. El miedo al despido o la desesperación financiera son factores que, según la psicología del fraude, incrementan el riesgo interno (insider risk).
4. Gestión de la Información Sensible en Reestructuraciones
Las operaciones de reestructuración (despidos colectivos, fusiones, adquisiciones o venta de activos) generan un enorme volumen de datos personales y sensibles (historiales laborales, información financiera, datos de salud, propiedad intelectual). El desafío es garantizar la continuidad de la protección de datos (RGPD) en el proceso. La transferencia de datos personales a nuevos adquirentes, la necesidad de retener información para posibles litigios o la aplicación de la normativa de ciberseguridad a entornos de trabajo cambiantes (ej. home office improvisado) requieren una atención experta y minuciosa.
5. Actualización Normativa en un Entorno Volátil
El ritmo legislativo no se detiene por la crisis. Regulaciones en Inteligencia Artificial (IA Act), Sostenibilidad (CSRD) y nuevas exigencias sectoriales (ej. FinTech, salud) continúan entrando en vigor. El desafío es mantener la vigilancia normativa y asegurar que los recursos de compliance son suficientes para adaptar los procesos internos a las nuevas leyes, mientras se atiende la emergencia operativa. La omisión de la vigilancia normativa es una causa común de incumplimiento tardío y multas.
Medidas y Exigencias Técnicas de Supervivencia
Para sobrevivir a la crisis sin incurrir en graves incumplimientos, la adaptación continua del modelo de compliance es ineludible. Las empresas deben centrarse en:
La convergencia de presiones financieras, la urgencia por optimizar costes y la necesidad de mantener la operatividad introduce fricciones críticas en los sistemas de cumplimiento. En un entorno donde las organizaciones se ven forzadas a tomar decisiones rápidas y a menudo dolorosas (como despidos, ajustes presupuestarios o búsqueda de financiación extraordinaria), el riesgo de ignorar, minorar o relajar los controles de compliance se dispara. Esta situación afecta transversalmente a todos los sectores, pero impacta de forma más aguda a aquellos con alta regulación o dependientes de la cadena de suministro internacional. La priorización deficiente de recursos y la presión sobre la ética son, según fuentes del sector, los principales catalizadores de los riesgos jurídicos en tiempos de crisis. La Unión Europea y las autoridades nacionales han intensificado el foco en la gobernanza corporativa, manteniendo las exigencias pese a las dificultades operativas.
El impacto de la directiva whistleblowing y el marco penal
La normativa europea ha establecido un marco de exigencia que no se relaja ante las coyunturas económicas adversas. La Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (conocida como Directiva Whistleblowing o de alertadores), obliga a las empresas a implementar canales internos de denuncia seguros e independientes. En España, esta obligación se consolidó con la Ley 2/2023, de 20 de febrero.
En periodos de crisis, el número de alertas internas suele aumentar, impulsado por el descontento, la preocupación por la estabilidad laboral o la detección de prácticas irregulares motivadas por la presión económica. La correcta gestión de estos canales se convierte en un desafío de primer orden. Si la empresa no dispone de procedimientos robustos, imparciales y confidenciales, puede incurrir en incumplimiento de la Ley 2/2023 y, simultáneamente, exponerse a riesgos reputacionales y legales derivados de la mala gestión de la información sensible.
Además, el marco penal español, particularmente tras las reformas del Código Penal (art. 31 bis), mantiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una crisis puede motivar la relajación de los controles financieros o la introducción de atajos en procesos críticos (contratación, fiscalidad, blanqueo de capitales), elevando la probabilidad de que se cometan delitos en nombre o por cuenta de la sociedad. Expertos en cumplimiento normativo coinciden en que una disminución en la inversión en formación y en la monitorización continua de riesgos durante una crisis es interpretada por los tribunales como una deficiencia grave del sistema de compliance que podría no eximir de responsabilidad penal.
Los cinco desafíos críticos del compliance en tiempos de crisis
La supervivencia empresarial exige flexibilidad, pero el compliance requiere disciplina. Los siguientes son los cinco retos estructurales que amenazan la continuidad del cumplimiento normativo en entornos de alta presión económica:
1. Priorización de costes frente a controles (efecto tijera)
La primera reacción ante una crisis de liquidez es el recorte de gastos no esenciales. Frecuentemente, el área de compliance (formación, auditorías externas, software de gestión de riesgos) se ve afectada. El desafío reside en demostrar que el compliance no es un coste, sino una inversión en protección jurídica y reputacional. El recorte en controles clave (ej. Due Diligence de terceros, revisión de contratos, análisis de blanqueo) crea vulnerabilidades que un posible incidente legal podría multiplicar en un coste mucho mayor que el ahorro presupuestario.
2. Fragilidad de la Cadena de Suministro y Compliance de Terceros
Las crisis alteran significativamente la solidez y la ética de los socios comerciales. Cuando la presión financiera afecta a proveedores y subcontratistas, estos pueden recurrir a prácticas ilícitas (ej. explotación laboral, fraude fiscal, incumplimiento ambiental) para sobrevivir. El desafío para la empresa principal es mantener la vigilancia rigurosa sobre toda su cadena de valor (Third-Party Risk Management). El debido control sobre terceros, especialmente en áreas de riesgo como Anti-Bribery & Corruption (ABC), es legalmente exigible y se complica cuando las empresas proveedoras también están en dificultades.
3. Erosión de la Cultura Ética y el Tono de la Dirección
En momentos de crisis, la presión sobre el personal para alcanzar objetivos de ingresos puede comprometer la ética. Si la alta dirección (el Tone at the Top) transmite, consciente o inconscientemente, que los resultados priman sobre el cumplimiento, la cultura del compliance se erosiona. El desafío es reforzar la comunicación ética de forma continua, demostrando que la integridad es el valor no negociable, incluso bajo la peor de las presiones. El miedo al despido o la desesperación financiera son factores que, según la psicología del fraude, incrementan el riesgo interno (insider risk).
4. Gestión de la Información Sensible en Reestructuraciones
Las operaciones de reestructuración (despidos colectivos, fusiones, adquisiciones o venta de activos) generan un enorme volumen de datos personales y sensibles (historiales laborales, información financiera, datos de salud, propiedad intelectual). El desafío es garantizar la continuidad de la protección de datos (RGPD) en el proceso. La transferencia de datos personales a nuevos adquirentes, la necesidad de retener información para posibles litigios o la aplicación de la normativa de ciberseguridad a entornos de trabajo cambiantes (ej. home office improvisado) requieren una atención experta y minuciosa.
5. Actualización Normativa en un Entorno Volátil
El ritmo legislativo no se detiene por la crisis. Regulaciones en Inteligencia Artificial (IA Act), Sostenibilidad (CSRD) y nuevas exigencias sectoriales (ej. FinTech, salud) continúan entrando en vigor. El desafío es mantener la vigilancia normativa y asegurar que los recursos de compliance son suficientes para adaptar los procesos internos a las nuevas leyes, mientras se atiende la emergencia operativa. La omisión de la vigilancia normativa es una causa común de incumplimiento tardío y multas.
Medidas y Exigencias Técnicas de Supervivencia
Para sobrevivir a la crisis sin incurrir en graves incumplimientos, la adaptación continua del modelo de compliance es ineludible. Las empresas deben centrarse en:
- Auditoría de Riesgos con Lente de Crisis: El mapa de riesgos debe ser revisado bajo la hipótesis de "escenarios de escasez". Los riesgos de fraude interno, cohecho o blanqueo deben recibir una ponderación máxima.
- Blindaje del Canal de Denuncias (Ley 2/2023): Garantizar la operatividad, la independencia y la ausencia de represalias contra los alertadores. Este canal es una herramienta de detección temprana crítica en crisis, y su incumplimiento acarrea multas significativas.
- Refuerzo Documental: Toda decisión crítica tomada bajo presión (ej. cancelación de contratos, modificación de procesos financieros) debe quedar documentada y justificada con respecto a su impacto en el compliance y la ética. La prueba de diligencia debida (due diligence) es la principal defensa legal.
- Uso de Tecnología de Compliance: La automatización y la digitalización de tareas de control y monitoreo, como la gestión de riesgos de terceros o la formación obligatoria, permiten mantener el nivel de exigencia con menos recursos humanos.
La necesidad de gestionar el riesgo legal de forma eficiente y rigurosa en estos momentos críticos subraya la importancia de contar con sistemas de cumplimiento bien definidos. La consultoría especializada en Compliance permite a las empresas externalizar la vigilancia normativa, el diseño del modelo penal o la implementación del canal de denuncias, asegurando que se cumplen las exigencias legales con recursos optimizados.
Es fundamental, por tanto, mantener la estructura del Compliance Officer con independencia y recursos suficientes, evitando que su función sea absorbida o trivializada por las urgencias financieras.
Si tu organización necesita orientación para adaptar sus procesos a los nuevos requisitos normativos, conviene contar con el respaldo de una consultora especializada en cumplimiento normativo como Audidat. https://www.audidat.com